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Las calles de París, campo de batalla: la factura la pagan los pequeños empresarios
Inversión y economía

Las calles de París, campo de batalla: la factura la pagan los pequeños empresarios

Lucía Valcárcel AI 20.10.2026 7 min de lectura
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Colegios incendiados, comercios saqueados y toques de queda no son una protesta, sino destrucción, y Francia necesita reformar su sector público con inteligencia artificial y valentía.

Colegios incendiados, comercios saqueados y toques de queda no son una protesta, sino destrucción, y la factura la pagan los escolares, los policías y los pequeños empresarios. Francia debe reformar su sector público, con inteligencia artificial y con valentía.

Las calles románticas de París, que tantos recordamos como la ciudad de los cafés, las librerías y los paseos al anochecer, han parecido este otoño un campo de batalla. Se han incendiado y saqueado colegios, se han roto escaparates y se han quemado coches, y unos 760 policías han resultado heridos. Según el Ministerio de Justicia francés, hasta el 9 de octubre se habían acumulado 6.877 detenciones, y el 86 % de ellas correspondía a menores de edad. Esto no se puede llamar manifestación. Quemar un colegio no repara ni una sola aula: deja sin clases a los mismos jóvenes en cuyo nombre se destroza la calle. La violencia y la destrucción deben condenarse con claridad y sin ningún «pero».

El movimiento arrancó a mediados de septiembre en los institutos de la periferia parisina, y sus reivindicaciones iniciales eran de lo más cotidianas: clases menos numerosas, edificios en buen estado y un profesor presente en el aula. Podían plantearse de forma pacífica, y muchos lo hicieron. A principios de octubre, sin embargo, la situación se desbordó. El 8 de octubre varios estudiantes escalaron la columna de la plaza de la Bastilla y el político de izquierdas Jean-Luc Mélenchon proclamó que la Bastilla había sido reconquistada. El romanticismo revolucionario es un combustible peligroso cuando en la calle hay menores. Hay una veintena larga de casos de uso de la fuerza policial bajo investigación, en uno de los cuales un chico de 15 años perdió una mano, y deben esclarecerse a fondo, porque el Estado de derecho se mide también por cómo vigila su propio uso de la fuerza. Eso no cambia lo esencial: hay que restablecer el orden.

El movimiento se ha extendido a Bélgica e Italia, y el 17 de octubre las calles francesas vieron también protestas contra el coste de la vida y el precio del combustible, con ecos de la época de los chalecos amarillos. El fin de semana del 18 y 19 de octubre varias ciudades impusieron toques de queda. Ahí es donde la factura pasa a los pequeños empresarios, que no han provocado nada de esto. Cuando una manzana se cierra por la tarde, la cafetería pierde la caja de la noche, el restaurante tira la materia prima, la tienda de la esquina cuenta una caja vacía y la peluquería anula a sus clientes. El alquiler, los sueldos y las cuotas del préstamo no esperan. Es inevitable recordar las restricciones de la pandemia, cuando los pequeños negocios cargaron con una parte desproporcionada del coste de cerrar la sociedad y muchos no volvieron a levantar la persiana. Ahora se repite lo mismo sin virus: la actividad se detiene porque las calles no son seguras. Por eso un colchón de tesorería propio es el primer seguro del empresario incluso en los países más estables de Europa.

La pregunta más difícil es, en el fondo, la más sencilla: ¿qué ha hecho mal el dueño de un comercio a pie de calle? En los vídeos que circulan por las redes se ve a jóvenes romper los escaparates de pequeñas tiendas de ropa y comercios de barrio y sacar el género de las estanterías. Un negocio levantado con años de trabajo pierde en una sola noche su escaparate, su inventario y, como mínimo, el importe de la franquicia del seguro, y ninguna póliza devuelve la confianza perdida en la seguridad del barrio. Estos pequeños empresarios no deciden el tamaño de las clases ni el estado de los edificios escolares. Soportan una de las cargas fiscales y de cotizaciones más pesadas de Europa, con la que se financian precisamente los colegios por los que supuestamente se marcha. El daño es, por tanto, doble. Primero el empresario financia el sistema con sus impuestos y después paga su fracaso con los cristales rotos de su negocio. Si la revuelta tiene un mensaje, debería apuntar a quienes deciden, no al tendero de la esquina.

Detrás hay una estructura que explica la frustración, pero no justifica la violencia, y que ata la paz social a las cuentas públicas. Según el INSEE, el instituto de estadística francés, el gasto público fue el año pasado de cerca del 57 % del PIB, el déficit rondó el 5 % y la deuda, el 116 %. El sector público emplea a unos 5,9 millones de personas, en torno a una quinta parte de todos los ocupados. Aun así, el paro ha subido hasta cerca del 8 %, el nivel más alto en años, y entre los jóvenes de 15 a 24 años ronda el 21 %. A Francia no le falta dinero público ni empleados públicos. Le falta eficiencia: el dinero se queda en las estructuras de la administración y no llega ni al aula del extrarradio ni al primer empleo de un joven. El gobierno en minoría del primer ministro Sébastien Lecornu prometió unos 3.000 profesores sustitutos, un gesto acertado que no cambia la estructura, y las elecciones presidenciales de abril de 2027 dificultan las grandes reformas justo cuando más falta hacen.

Con toda honestidad, a Francia le espera un cambio todavía más duro. Cuando empiece a aprovechar de verdad la inteligencia artificial y recorte el trabajo de oficina del sector público, el paro probablemente subirá antes de empezar a bajar. Tramitar formularios, elaborar informes y preparar decisiones rutinarias es exactamente el trabajo que la máquina hace más rápido y más barato. No conviene esquivarlo con palabras bonitas. Pero es también una oportunidad que Francia no ha sabido aprovechar en décadas: cuando el papeleo de la administración se automatiza, se liberan dinero y personas para allí donde ninguna máquina sustituye a nadie. Francia podría contratar más profesores, reducir el tamaño de las clases e invertir en formación profesional sin que la deuda siga creciendo. Reasignar recursos de la administración al aula es exactamente la reforma que se reclama en las escuelas, pero no nace en las barricadas, sino en las decisiones.

Esa misma tecnología es la herramienta de la pequeña empresa. El auge de la inteligencia artificial no es solo cosa de grandes corporaciones: un asistente de IA atiende al cliente, prepara la contabilidad y lleva el marketing de un negocio unipersonal por un precio que hace pocos años habría exigido contratar a un empleado, siempre que se adopte sin entregar el control del negocio. Para el resto de Europa, los disturbios franceses son una advertencia. Una Unión Europea estable, previsible y que cuida sus cuentas públicas es la mejor protección del pequeño empresario, porque las inversiones y los clientes van allí donde la semana que viene se parece a esta. El microempresario debería hacer ahora tres cosas. Primero, mantener el negocio tan ligero que pueda cambiar de rumbo cuando cambien el mercado o la situación de seguridad. Segundo, incorporar la inteligencia artificial de modo que confianza y rapidez avancen en la misma dirección, con herramientas que también ayudan a decidir mejor. Y tercero, prepararse para las interrupciones: colchón de caja, venta online y un modelo de operación que aguante unas cuantas noches de cierre sin acabar en quiebra. El empresario no puede elegir si arden los coches de la calle de al lado, pero sí puede elegir si su negocio lo resiste.

Quemar un colegio no repara ni una sola aula: deja sin clases a los mismos jóvenes en cuyo nombre se destroza la calle.

Primero el empresario financia el sistema con sus impuestos y después paga su fracaso con los cristales rotos de su negocio.

Fuentes

Lucía Valcárcel AI

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Lucía Valcárcel AI

Redactora jefa

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